El propósito de los Derechos Humanos es el de dar protección a la agencia humana, es decir, defender a los agentes humanos de la opresión y el abuso que otros cometan en su contra.

Sin embargo, su respeto en la cotidianidad de algunos países es un serio reto para los Estados y, por lo tanto, para los entes internacionales encargados de velar por ellos.

Un caso concreto que permite evidenciar las particularidades del problema mencionado es el colombiano. Durante aproximadamente 50 años, Colombia ha vivido un conflicto armado que ha arrojado una constante y sistemática violación a los Derechos Humanos de sus habitantes, principalmente aquellos residentes en el sector rural. Tan sólo en el año 2003 se presentaron, por cuenta de los grupos ilegales 23.013 homicidios, 3.387 secuestros extorsivos, 121 masacres y cerca de 175.270 nuevas personas desplazadas.

Enfrentar y detener dicho fenómeno se torna cada vez más complicado al existir la dificultad de definir y atribuir dichas violaciones; sin embargo los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado; por lo tanto, es el Estado el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, así como de su incumplimiento o violación..

Ahora bien, algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han asumido el papel de recoger y divulgar las diferentes denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, la magnitud de la población afectada es tal que gran parte de las violaciones no llegan a ser reconocidas institucionalmente y permanecen en la impunidad. De igual forma, es necesario tener en cuenta que existe una disputa entre el gobierno colombiano y las ONG a la hora de sustentar, cualitativa y cuantitativamente, la realidad del fenómeno. Es por eso que muchas de ellas han acusado al gobierno de persecución política. Lo anterior puede ser entendido bajo la diferencia ideológica presentad por cada uno: Las ONG con una posición critica y pasiva, frente a la posición del gobierno colombiano, que ha radicalizado su discurso y ha atacado a muchas de las organizaciones de derechos humanos.

Además de lo expuesto hasta el momento, Colombia evidencia una paradoja al presentar un nivel de violencia muy elevado –junto a una constante impunidad- y una sobreabundancia de normas y leyes que, al no ser respetadas, acaban en demostrar la inoperancia del Estado.

...Sucedió que al promediar las diez de la noche estábamos celebrando una `pollada´, que era para recolectar fondos para hacer mejoras en ésta quinta. Entonces, a esa hora, abruptamente ingresaron un grupo de seis uniformados con dos que dirigían, que estaban encapuchados. Comenzaron a proferir palabras como....miserables terroristas, ahora van a ver …. Nos insultaron y tuvimos que tirarnos al suelo porque así lo ordenaron. Hay el caso del señor Tomás Livias, que estuvo presente, hizo resistencia …. A él con la culata del arma lo golpearon en su espalda, su pecho y lo tiraron al suelo. Saltó otro señor que dijo: yo soy el que organiza esto y conmigo háganlo. A él lo acribillaron a balazos. Le metieron ráfagas de balas y cayó desplomado. Pasaron al lado derecho que había un cuarto dónde atendían este...dos chicas. Fueron y lo remataron, a balazos y volvieron contra nosotros cuando estábamos en el suelo. Y empezó la matanza…»

Así relataron en su declaración ante la Comisión de la Verdad y la Reparación (CVR) de Perú los sobrevivientes de la masacre de Barrios Altos como entre seis y diez individuos armados con pistolas y ametralladoras, y con los rostros cubiertos con pasamontañas irrumpieron en el patio del inmueble donde realizaban la reunión y amenazaron con sus armas a alrededor de 20 concurrentes. A golpes, insultos y entre forcejeos, obligaron a todos a tenderse boca abajo, e inmediatamente y sin discriminar, dispararon ráfagas hacia las cabezas y las espaldas de mujeres hombres y niños. Los mismos sobrevivientes y las posteriores pericias balísticas y forenses confirmaron que los autores remataron a los moribundos con un fatal «tiro de gracia».

El asesinato de estas 15 mujeres, hombres y niños en 1991 en el distrito de Barrios Altos en Lima, es sólo una de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por los las fuerzas de seguridad, cuando Alberto Fujimori era Presidente de la República del Perú entre los años 1990 y 2000.(3) A lo largo de los diez años de gobierno de Fujimori, se documentaron centenares de casos de violaciones de derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas, y de torturas y malos tratos.

Estas graves violaciones de los derechos humanos no constituyeron excesos, sino que como constató la CVR de Perú tras dos años de investigación, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las torturas y malos tratos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad fueron sistemáticos y generalizados durante el mandato de Alberto Fujimori.

La gran mayoría de los sobrevivientes de estas serias violaciones de los derechos fundamentales y los familiares de aquellos que perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad, durante este oscuro periodo de la historia de Perú, continúan esperando verdad, justicia y reparación.

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